Por medio de una nota enviada a los medios de comunicación, la Cámara de Sanatorios de Concordia anunció que desde el lunes 23 se suspenderá toda la atención programada (cirugías, estudios diagnósticos y terapéuticos, etc.), a los afiliados del Iosper, atendiéndose sólo la urgencia.
“De no tener una solución la semana próxima se denunciará el convenio por falta de pago y suspensión del crédito a la obra social teniendo que atenderse los afiliados en el sistema público”, alertaron. La decisión se basa en la propuesta de la intervención de pagar la deuda en 6 o 24 meses con quitas sustanciales del 30 y 10 % respectivamente, además de anular el aumento del 15% en los aranceles otorgado por escrito a partir de enero de 2025.
“La intervención del Iosper generaba la esperanza que todo podía mejorar en el corto mediano y largo plazo. A menos de una semana de intervenida proponen al eslabón más débil del sistema de salud privado consolidar la deuda y pagarla en 6 o 24 meses con quitas sustanciales del 30 y 10 % respectivamente, además de anular el aumento del 15% en los aranceles otorgado por escrito a partir de enero de 2025”, subrayaron.
“Ojalá los sanatorios pudiéramos darles una mano al Iosper, pero lamentablemente no podemos hacerlo, no podemos financiar al financiador, y no por no querer, sino por no poder, y menos aún en el mes que se abona el aguinaldo, con la emergencia sanitaria desde el año 2000 que de no prorrogarse el 31/12 más de 6000 sanatorios a nivel país serán ejecutados”, expresaron desde la Cámara.
Y agregaron que: “Llama la atención lo desacertada de la propuesta actual del Iosper, haciéndonos directamente responsables y transfiriéndonos el riesgo a los prestadores de internación, en un acto injusto, unilateral y peligroso para todos los sanatorios entrerrianos”.
“Desconocemos si la gestión anterior fue mala o buena, y es algo que tendrán que resolver puertas adentro pero no dejando de cumplir los convenios firmados y los plazos establecidos que bien o mal en los últimos años se cumplieron a rajatabla con el mal llamado pronto pago”, destacaron.
“Sugerimos a las nuevas autoridades que de una vez por todas puedan solucionar los problemas de base de la institución, que no son solamente una buena administración”, señalaron.
Y acotaron que: “Deben resolver los aportes con que se financian que son la más baja del país entre todas las obras sociales provinciales, deben tener aranceles éticamente razonables y no ser los más bajos de los más de 100 convenios existentes”.
“Sería más que acertado que los gastos en discapacidad no médicos sean a cargo de desarrollo social como lo es en todos los sistemas de salud en el mundo. Y para no dejar afuera al principal desestabilizador del sistema de salud público y privado de una vez por toda ponerle el cascabel a los laboratorios y el costo de los medicamentos que hoy se lleva más del 50% de los gastos, cuando nunca superó el 25 %”, apuntaron.
Finalizaron señalando que: “Esta situación en conjunto ha llevado a tener que tomar medidas que afectan directamente al afiliado, ya que hoy no sabemos a ciencia cierta cuándo, cómo y bajo que reglas se retribuirá una prestación realizada”.