• 8 de junio de 2025 18:58

Los afiliados al Iosper expresaron su apoyo al gobierno provincial y exigen que se investigue “a fondo” las irregularidades en la obra social

“Los afiliados queremos que se investigue a fondo, con varios años hacia atrás”, manifestaron desde la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA) del Iosper.

Los trabajadores nucleados en la entidad emitieron un comunicado en el que “expresamos nuestro apoyo al gobierno de la provincia de Entre Ríos en relación a la intervención de la Obra Social”, en alusión al Iosper.

“Los afiliados sabemos bien de las deficiencias prestacionales, las demoras en los pagos a prestadores y en los reintegros, la burocracia administrativa”, detallaron en el texto y subrayaron además “las dificultades que se les presentaron a la comisión fiscalizadora o a las auditorías al momento de intentar recabar información sobre el manejo de nuestra obra social”.

Hicieron referencia además a “la cantidad de personal”, sobre lo cual aseveraron que “era evidente ante cualquier persona que ingresara a las oficinas de atención al público”; y sostuvieron que esta situación “quedó en evidencia con la pandemia, cuando pudieron establecer horarios de atención con distintos empleados para los turnos de la mañana y la tarde”.

Desde ADDA también advirtieron que la conducción saliente del Iosper ejercía “persecución permanente a empleados”, y recordaron “también las denuncias por violencia de genero por las cuales fue condenado el ex director Cañete, quien contaba –en todo momento-con apoyo del resto del directorio”.

Además indicaron que la Ley de creación del Iosper establece para sus directores la posibilidad de un periodo de gestión y una reelección, “situación que en la realidad no ha sido respetada en varios de los directores elegidos”.

“Los afiliados queremos que se investigue a fondo, con varios años hacia atrás, que la justicia entrerriana deje de mirar hacia otro lado y se apliquen las medidas que correspondan”, expresaron y se abogaron por la extensión de la intervención más allá del plazo inicial de seis meses fijado en el decreto. “Consideramos que es poco tiempo para un proceso que dé real cuenta de aspectos administrativos, técnicos y contables, así como también de las mejoras en las prestaciones a los afiliados de la obra social provincial”, destacaron.

Finalizaron anticiparon que “estaremos en continua vigilancia del proceso iniciado, atentos al cumplimiento de prestaciones, convenios, reintegros, en calidad, tiempo y forma”.

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