Mediante un comunicado, la legisladora santaelenense expresó que «No voy a convalidar livianamente una estructura que durante años fue utilizada por Silvio Moreyra y Fernando Cañete como instrumento de poder y corrupción. «Pero tampoco voy a legitimar una conducción que pretende poner en manos del gobierno de turno, de José Allende, y de algún funcionario foráneo sin arraigo local, otra caja millonaria que debería estar al servicio de los trabajadores, jubilados y sus familias».
El comunicado completo enviado por la senadora Patricia Díaz:
LA SALUD DE LOS ENTRERRIANOS NO PUEDE SER UNA OPCIÓN ENTRE MOREYRA Y CAÑETE O ALLENDE.
Mientras se analiza en comisiones del Senado el proyecto para reemplazar al IOSPER por una nueva obra social (OSER), desde mi banca advierto con firmeza: no podemos permitir que el derecho a la salud de los trabajadores del Estado siga siendo rehén de internas políticas, disputas gremiales o negocios corporativos.
No voy a convalidar livianamente una estructura que durante años fue utilizada por Silvio Moreyra y Fernando Cañete como instrumento de poder y corrupción, sin transparencia ni controles del Tribunal de Cuentas. Pero tampoco voy a legitimar una conducción que pretende poner en manos del gobierno de turno, de José Allende, y de algún funcionario foráneo sin arraigo local, otra caja millonaria que debería estar al servicio de los trabajadores, jubilados y sus familias.
No se trata de elegir entre dos males. Entre Cañete y Allende, Entre Ríos merece una tercera opción. Una opción construída desde abajo, con participación real, reglas claras y sentido de urgencia.
La salud pública necesita más que un cambio de nombres. Necesita una reforma profunda, transparente y participativa.
Y para eso, hay que abrir la discusión real sobre los problemas estructurales que el sistema arrastra hace años:
El drama de las prótesis e insumos especiales, que se autorizan con demoras inhumanas y trámites kafkianos.
El abandono de las personas con discapacidad, cuyos familiares luchan diariamente para conseguir una cuidadora, un acompañante terapéutico o una rehabilitación.
Las interminables demoras en autorizaciones, que afectan tratamientos oncológicos, estudios de alta complejidad y cirugías urgentes.
El costo de los medicamentos, que no para de subir, mientras la cobertura se reduce o directamente se niega.
La falta de auditorías externas, control público y rendición de cuentas, que permitió el uso discrecional de fondos por parte de pocos, sin ninguna consecuencia.
Entre Ríos necesita una obra social fuerte, accesible y controlada por los trabajadores, no por una casta de dirigentes o gerentes del poder.
Por eso convocamos a todos los sectores – trabajadores, gremios, prestadores, colegios profesionales y usuarios- a discutir un nuevo modelo de gestión con control social, participación real y garantía de equidad.
No es no. Entre la corrupción de ayer y la impunidad de siempre, elijo abrir un camino nuevo. No concibo que nos obliguen a elegir entre Dracula y Frankestein.
Patricia Diaz – SENADORA
