La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos festejó la decisión del Gobierno nacional de anular las resoluciones que ponían en riesgo a miles de trabajadores.
El Gobierno nacional anuló las resoluciones 1044, 1217 y 1240, que disponían el pase a disponibilidad de trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTA, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La decisión, se dio a conocer en el Boletín Oficial mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, representa un nuevo retroceso del Ejecutivo frente a la presión sindical y sucesivos fallos judiciales que exigían la revisión de estas medidas.
Las resoluciones anuladas ponían en jaque la estabilidad laboral de miles de trabajadores de planta permanente, al establecer su pase a disponibilidad, una situación que amenazaba su continuidad en el empleo. La lucha de los sindicatos, liderada por organizaciones como ATE, fue clave para visibilizar el impacto de estas políticas y forzar al Gobierno a dar marcha atrás. Esta situación se suma a una serie de medidas que, según los gremios, reflejan improvisación y errores estratégicos del Ejecutivo, que enfrenta críticas por su manejo de las políticas públicas.
La anulación de las resoluciones que afectaban a organismos como el INTA, el Instituto de Agricultura Familiar y el Instituto de Semillas, fue interpretada por ATE como un triunfo de la lucha sindical. Muntes, destacó: «Es uno de los temas, no solamente la convicción de seguir en la lucha, sino que desde el primer día dijimos que; luchando, organizado íbamos a revertir todo hecho injusto de este Gobierno».
Sin embargo, el gremialista entrerriano se mostró prudente, puntualmente al destacar que la medida afectaba a «muchos trabajadores y trabajadoras de Entre Ríos». Por ello, el mensaje de Muntes a los empleados es de cautela y serenidad: «Deberíamos ver todo con tranquilidad», señaló.
A pesar de este logro, el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios está muy lejos de finalizar. El mismo sindicato ha convocado a un paro nacional en respuesta al veto presidencial de la ley de emergencia pediátrica, una medida que, de acuerdo al gremio, profundiza la crisis en el sector de la salud.
La decisión de Muntes de solicitar cautela refleja la conciencia de que este es solo un paso en una batalla más amplia.