Juan Zacarías seguirá al frente del EPRE al menos hasta que sea imputado en la causa en la que es investigado.
Luego del allanamiento que se realizó a Juan Domingo Zacarías, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), a raíz de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a inversiones sospechosas en la Mutual 10 de Abril, por ahora el gobierno no apartaría de su cargo a Zacarías.
El fiscal a cargo del caso, Gonzalo Badano, ordenó operativos en la oficina de Zacarías en el EPRE, también en su domicilio particular y en una quinta que posee en Colonia Avellaneda. Estos procedimientos ordenados por la justicia, relizados por la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, tuvieron como objetivo secuestrar documentos y dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas relevantes.
La denuncia que originó la causa fue presentada por Jacinto Fabián Elgadban, ex presidente de la mutual -también involucrado en una denuncia en la justicia-, quien señaló que Zacarías habría depositado 300 mil dólares en la mutual bajo la modalidad de contratos de mutuo, cuyos pagos debían realizarse en cuotas a partir de marzo de 2021. El acuerdo fue firmado por Elgadban, la secretaria Marta Juana Rosa Gervasoni y Agustina Caino, asesora letrada e hija de quien está detrás de la mutual, Guillermo Fabián Caino.
La Mutual 10 de Abril, que generalmente otorgaba préstamos a empleados públicos y municipales, ha sido señalada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) debido a posibles irregularidades. Un informe reciente de la veedora Carolina González dejo a la vista que la mutual enfrenta numerosos litigios no registrados en su contabilidad oficial, así como una administración dominada por miembros de una misma familia, lo que despertó sospechas sobre posibles manejos irregulares.
Ante este panorama, el INAES solicitó la intervención judicial de la mutual y designó al contador Oscar Hundt para asumir el control. Hundt detectó que la mutual se encontraba prácticamente en quiebra, con cuentas bancarias embargadas y sin fondos disponibles para operar. Por otro lado numerosos acreedores reclaman grandes sumas de dinero por préstamos no devueltos.
Zacarías, denunció judicialmente a la Mutual 10 de abril y a sus directivos de no devolverle el importe que depositó, y paso a ser uno más de los que no recibió la devolución de sus inversiones, sin embargo el tema principal es que Juan Domingo Zacarías, en su condición de funcionario público, debe declarar detalladamente el origen de los trescientos mil dólares, que «invirtió» en la mutual intervenida.
Cabe señalar que ley de Cooperativas Mutuales especifica que no se pueden realizar operaciones de ningún tipo en monedad extranjera, lo cual deslegitima la maniobra económica celebrada entre Zacarías y la Mutual 10 de Abril, siendo de este modo una operación irregular.
Este tipo de mutuales, como la 10 de Abril, o La Mutual Modelo, que casualmente está muy cerca de las oficinas del EPRE en calle Urquiza, tienen acuerdos con el municipio y la provincia para que se les hagan los descuentos por código a los empleados, de los préstamos solicitados y de la cuota societaria, ya que asociarse a esas mutuales es un paso obligado para aspirar a los préstamos.
Con el allanamiento al EPRE se destapa un negociado que durante años repartió mucho dinero entre empresarios y profesionales de Paraná que pusieron cuantiosas sumas sin declarar para que las Mutuales hicieran el negocio de los préstamos a tasas usurarias a trabajadores desesperados, además de otras inversiones posiboelemte orientadas a lavar dinero. Más allá de lo que la Justicia y decida sobre las mutuales, lo que debe tratarse de forma rápida, es la declaración del origen de los 300.000 dólares que Juan Domingo Zacarías, funcionario público, como presidente del EPRE, «invirtió» en la Mutual 10 de Abril.