La iniciativa, según se precisó, tiene como objetivo presentar la reforma a la Ley Nº 9.283 que establece el régimen del Jurado de Enjuiciamiento en la provincia de Entre Ríos.
El proyecto se elaboró en dada la necesidad de adaptar y modernizar el marco normativo existente, garantizando la transparencia, la eficiencia y la justicia en los procesos de enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios públicos.
En respuesta a las demandas crecientes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, de otros actores judiciales y de una sociedad que exige mayor control y transparencia sobre los funcionarios de jerarquía, según se indica en un comunicado, la senadora Patricia Díaz presentó un proyecto de reforma de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento. Según se añadió, la iniciativa propone modernizar el sistema, adecuándolo a las necesidades actuales y alineándolo con la Constitución de 2008.
Díaz explicó que la reforma apunta a garantizar que el Jurado de Enjuiciamiento actúe con agilidad y en transparencia, facilitando un control efectivo por parte de la sociedad. Hoy, con un Poder Judicial que enfrenta índices de rechazo social sin precedentes que rondan el 90%, se vuelve imperativo transformar el Jurado en una herramienta acorde al siglo XXI. «No se trata de destituir funcionarios, sino de asegurar que respondan a la sociedad», destacó Díaz.
Y recordó una definición del líder del peronismo, Juan Domingo Perón, y lo citó: «El hombre es bueno, pero si se lo controla, es mejor». Así, entendió que esta reforma permitirá una participación ciudadana activa, eliminando los antiguos procesos secretos e inquisitivos que solo beneficiaban al poder y operaban a espaldas de la sociedad.
Entre los cambios propuestos se subraya la publicidad de las audiencias, que serán transmitidas para garantizar transparencia, y la incorporación de un sistema de sanciones progresivas que previene la destitución como única respuesta. Así, se busca que la sociedad entrerriana pueda confiar en la integridad de su sistema judicial y en los mecanismos de control a sus autoridades.
El proyecto representa un avance fundamental en la democratización de la Justicia y la mejora del sistema de responsabilidades institucionales, para que todos los funcionarios sean juzgados con la transparencia y eficiencia que exige la sociedad de hoy.
En los fundamentos del proyecto de reforma se destacó que las mejoras introducidas en el proyecto de reforma son el resultado de un análisis crítico de la ley vigente, así como de la revisión de principios doctrinales y jurisprudenciales que rigen el derecho administrativo y penal” y se presentaron los aspectos más relevantes que justifican esta reforma. En este sentido se precisó que se trata de la mejora de la transparencia y publicidad; acceso a la Justicia; clarificación de los términos y plazos; normas sobre recursos; inhibiciones y recusaciones; establecimiento de sanciones progresivas; alineación con principios de Derecho.